Una fuente anónima dice que el Ayuntamiento pone las banderolas para “acercar a la ciudadanía lo que va a suponer el 2012“, y que lo harán en determinadas épocas del año, cuando más visitantes reciben, o sea: a quienes realmente van a informar es a los turistas.

Ni una sola banderola ondea en barrios populares. Si la decisión de ponerlas en el Casco Histórico se sostiene por el tráfico de gente -de la gente con parné-, más gente pasa por la avenida o por la vía rápida, y además allí el patrimonio queda a salvo del afán taladrador.

En las banderolas cantan tres logotipos, y los tres son del Ayuntamiento, pero la misma fuente anónima señala que “todo ello como un esfuerzo común porque en ningún caso se dice que sólo lo hará el Ayuntamiento“. Éste es un ejemplo perfecto de desfachatez. Sin comentarios.

Cuando Loaiza y Romaní, que son de lo mejor del equipo municipal de gobierno, afirman que la reacción del PSOE ha sido “incoherente, desproporcionada y malintencionada“, igual no son conscientes de que es incoherente confundir turismo y poder adquisitivo con ciudadanía, que es desproporcionado el autobombo discriminador de las banderolas o que pudiera ser malintencionado culpar a una empresa inexistente de los errores de la propia plantilla municipal.

Cuando el señor Loaiza afirma que “la comisión municipal de Patrimonio aprobó la instalación de las polémicas banderolas” olvidó decir que la comisión se reunió después de que Miss Taladreitor desbocara la carcoma. A boquete pasao, maquilló su conducta ilegal. ¿Puede calificarse de mentira esta declaración a los medios? ¿Se trata de una acción tipificada en el código?

Algo raro sucede en San Juan de Dios cuando se dice una cosa y se hace otra, cuando se contradice descaradamente a la realidad o se acusa a los demás de los propios defectos. Han sido solo unos cuantos trapos y el Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, ha dañado el patrimonio, ha publicado un par de mentiras, ha demostrado un grado de improvisación y despilfarro cum laude, se ha pasado algunas leyes y reglamentos por el refajo y ha logrado hacer de una fiesta ciudadana una polémica cansina y antipática.

La soberbia en política es, sobre todo, incompetencia. Ni Cádiz ni el doce se merecen una administración así. No hay cruzada blasiana que valga: la Pepa, a este paso, también termina en Castellón.